A partir del 2 de octubre es obligatorio el uso de la Firma Digital para cualquier comunicación con la Administración Pública.
Con efectos desde el 2 de octubre de 2016, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece el uso de medios electrónicos como único medio para relacionarse con las Administraciones Públicas